Comentarios del Capítulo Brasileño de Internet Society sobre el reporte del Senador Angelo Coronel al PL 2630/2020

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São Paulo, 24/06/2020

El Capítulo Brasileño de Internet Society (ISOC Brasil) hace pública una vez más,  consideraciones técnicas en relación al reporte del Senador Angelo Coronel al PL 2630/2020, que fue presentado extraoficialmente el 19 de junio de 2020. La presente nota reafirma la declaración emitida por ISOC Brasil, el 9 de junio de 2020, con respecto a los riesgos de las propuestas para contener la desinformación que se están debatiendo en el Congreso brasileño. Los comentarios que se presentan más abajo deben leerse conjuntamente con las importantes declaraciones formuladas por otras organizaciones de Brasil y de otros países respecto del proyecto de ley 2630/2020 y sus repercusiones en los derechos fundamentales de los ciudadanos brasileños, sus contradicciones con la Constitución Federal del país y otros aspectos relacionados con el desarrollo social y económico. [1]

La creación de cuentas en las aplicaciones y servicios de Internet no debe depender de la presentación de documentos de identidad por parte de los usuarios. Condicionar el uso de tales aplicaciones y servicios es excluyente, ignorando que la Internet es para todos, incluso para quienes no tienen un número de teléfono móvil o un documento de identidad válido, o para quienes no quieren identificarse, como los activistas y las fuentes periodísticas. La Constitución Federal ya prevé un mecanismo para el tratamiento del anonimato, y el sistema jurídico brasileño no necesita disposiciones que puedan restringir aún más los derechos fundamentales, como la libertad de expresión.

La excesiva recolección y retención innecesaria de datos de los usuarios llevará a graves problemas de privacidad y protección de datos. El aumento de la recolección y del tratamiento de datos personales exige sistemas informáticos más complejos, lo que aumenta el riesgo de incidentes de seguridad (como fugas de datos y ataques maliciosos). La identificación de los usuarios mediante sus documentos de identidad es excesiva y desproporcionada, en contra de lo dispuesto en el Marco Civil de Internet y la Ley General de Protección de Datos. Por consiguiente, se ignora el principio de necesidad, que determina que la recolección de datos debe limitarse al mínimo para el cumplimiento de sus fines.

Vincular el funcionamiento de las aplicaciones y servicios de Internet a la telefonía móvil es una solución anacrónica y contraproducente. La propuesta se vuelve aún más grave porque trata de las aplicaciones de mensajería y de los servicios electrónicos de manera indistinta. El hecho de que algunas aplicaciones de Internet utilizan la telefonía móvil como elemento de registro y autenticación de usuarios no hace de ello una condición necesaria para su desarrollo. El legislador -al adoptar una sola tecnología, la telefonía móvil, en detrimento de todas las demás posibilidades- cerrará las puertas a la innovación tecnológica. Sin justificación alguna el informe amplía el alcance de dicha limitación a los servicios de correo electrónico, que utilizan sus propios protocolos y siguen lógicas funcionales, operativas y técnicas que no tienen relación con los servicios de mensajería como WhatsApp, Signal, Telegram y similares.

El requisito de mantener data centers en el territorio nacional y la posibilidad de suspender las aplicaciones y servicios de Internet en el territorio brasileño conducirán a la fragmentación de la Internet global. La naturaleza abierta y global de Internet resulta en libre acceso a los servicios y contenidos producidos en todo el mundo. El valor de Internet es precisamente el de facilitar este acceso y la comunicación a escala mundial. El hecho de obligar a los servicios a almacenar datos en el territorio brasileño hará que innumerables servicios sean inaccesibles al público brasileño, simplemente porque no fueron creados en el país o no tienen sede en Brasil.

Los cambios conceptuales propuestos en el texto del Marco Civil de Internet son técnicamente erróneos y aportan una enorme incertidumbre jurídica al ecosistema de Internet. El texto propuesto crea conceptos técnicos inexistentes (por ejemplo: "nateamiento") y definiciones jurídicas que no se corresponden con los aspectos técnicos y el funcionamiento de Internet (por ejemplo: "puertas lógicas"). Este desajuste da lugar a normas imprecisas, a menudo inaplicables, que crean incertidumbre sobre el comportamiento esperado de los proveedores de aplicaciones y servicios, lo que ofrece riesgos a las empresas y deja a la sociedad sin medios eficaces para frenar los abusos y las conductas ilegales.

Además de adoptar definiciones erróneas y deficientes, el informe ignora que el uso de la técnica CGNat (Carrier Grade Nat), de la que surge la necesidad de ocuparse de los "puertos TCP/IP", es un subterfugio técnico no recomendado y que pronto debería quedar obsoleto. En este sentido, además de ser conceptualmente frágil, la propuesta de incluir el número de puertos TCP/IP en los logs exigidos por el Marco Civil puede no tener sentido en un plazo muy breve debido a la creciente migración a la versión IPv6 (la solución recomendada unánimemente por la comunidad técnica que se ocupa de la gobernanza de Internet).

Además de adoptar la solución equivocada y desproporcionada de la trazabilidad de los usuarios prevista en el texto original del PL 2630/2020, el reporte del Senador Coronel la amplía aún más a todas las redes sociales, los servicios de mensajería digital y los servicios de correo electrónico, independientemente de su presencia en el territorio nacional y del tamaño económico de su respectivo proveedor. La trazabilidad, en los términos propuestos, no puede conciliarse con la preservación de la privacidad de los usuarios y la confidencialidad de las comunicaciones privadas. Esto tendrá graves consecuencias para el uso de Internet en Brasil, ya sea por particulares o por organizaciones del sector público y privado.

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En vista de todos los problemas señalados anteriormente, reiteramos nuestra preocupación por las innumerables restricciones técnicas, tecnológicas, económicas y sociopolíticas que pueden afectar a la sociedad brasileña como efectos colaterales no deseados de la propuesta.

Reafirmamos nuestra convicción de que el asunto en cuestión debe seguir el modelo de producción colaborativa empleado en el Marco Civil de Internet, con una amplia y exhaustiva participación de la sociedad brasileña en las actividades del Poder Legislativo. En este sentido, rogamos que se consideren consultas abiertas sobre puntos específicos del texto y audiencias públicas que permitan el debate de los numerosos puntos controvertidos del informe.

Por último, destacamos que un enfoque basado en principios sigue siendo la forma adecuada de garantizar que la intervención legislativa y regulatoria haga que Internet siga siendo un instrumento capaz de contribuir al desarrollo técnico, tecnológico, socioeconómico y humano del Brasil.

[1] Referencias adicionales (en portugues): "O Senado pode adotar a pior lei de Internet do mundo": http://plfakenews.direitosnarede.org.br/; "Diga aos senadores/as que novo relatório é um grave risco a direitos conquistados": https://act.eff.org/action/pl-das-fake-news-no-brasil-diga-aos-senadores-as-que-novo-relatorio-e-um-grave-risco-a-direitos-conquistados; "Texto do senador  ngelo Coronel demanda mais tempo de discussão antes de ser apreciado": https://direitosnarede.org.br/2020/06/02/votacao-do-pl-das-fake-news-poe-em-risco-liberdade-de-expressao-online-e-nao-pode-ser-votado-as-pressas.html.